Análisis crítico-político del caso de Ivette Melissa Flores Román y la responsabilidad del Estado mexicano: violencia estructural, impunidad y represalias contra quienes buscan justicia
Análisis crítico-político del caso de Ivette Melissa Flores Román y la responsabilidad del Estado mexicano: violencia estructural, impunidad y represalias contra quienes buscan justicia
1. Un caso que desnuda la violencia patriarcal y la colusión institucional
La desaparición de Ivette Melissa Flores Román no puede entenderse sin reconocer el entramado de violencias que la precedieron: violencia doméstica, control coercitivo, amenazas de muerte, aislamiento forzado y agresiones perpetradas por su expareja y por el padre de éste, un policía ministerial con historial de tortura, violación y privación ilegal de la libertad.
El dictamen CEDAW lo sintetiza con claridad cuando señala que, pese a la denuncia inmediata, “no se ordenó en ese momento ninguna acción de búsqueda inmediata ni se activó ningún mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas” (párr. 2.7).
Esta omisión no es un error administrativo: es una decisión política que revela la jerarquía de vidas en México. Las mujeres jóvenes, pobres, de Guerrero, víctimas de violencia machista y criminal, no son prioridad para el Estado.
2. El Estado como actor de riesgo: cuando el perpetrador es policía
El caso de Ivette es paradigmático porque el principal agresor y controlador era un agente del Estado. Según Idheas, Humberto Velázquez Delgado utilizó su posición como policía ministerial para:
- amenazar,
- vigilar,
- controlar,
- y finalmente desaparecer a Ivette.
La CEDAW subraya que las autoridades sabían que este hombre tenía antecedentes por delitos graves, pero aun así no fue investigado de manera seria ni oportuna.
Esto coloca al Estado mexicano en una posición agravada:
no solo incumple su deber de proteger, sino que tolera y encubre a sus propios agentes cuando perpetran violencia contra mujeres.
3. Fragmentación institucional como estrategia de impunidad
El expediente de Ivette pasó por al menos cuatro fiscalías distintas, cada una negándose a asumir plenamente su responsabilidad:
- Fiscalía estatal de Guerrero
- Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres
- Subprocuraduría de Delincuencia Organizada
- Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
La Fiscalía Especial incluso concluyó que no había violencia de género, pese a que el expediente está saturado de evidencia. El dictamen señala que la Fiscalía declinó competencia porque consideró que, al haber crimen organizado, ya no era violencia contra la mujer.
Ese razonamiento es profundamente político:
borra la violencia de género cuando se cruza con la criminalidad, dejando a las mujeres en un limbo jurídico donde nadie investiga con enfoque especializado.
4. La criminalización y el riesgo contra la madre buscadora: Sandra Luz Román Jaimes
Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette, no solo ha enfrentado la desaparición de su hija, sino también:
- amenazas,
- hostigamiento,
- vigilancia,
- y riesgo por su labor como defensora.
Idheas señala que Sandra Luz ha sido víctima de represalias por exigir justicia y denunciar la colusión entre autoridades y crimen organizado en Iguala.
Esto es parte de un patrón nacional:
las madres buscadoras son tratadas como enemigas del Estado, no como víctimas.
La CEDAW reconoce este riesgo cuando señala que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de la familia y de quienes buscan a personas desaparecidas.
5. La perspectiva de género negada: una forma de discriminación estructural
El dictamen CEDAW concluye que México violó los artículos 1, 2, 5 y 15 de la Convención por no investigar con perspectiva de género.
La Fiscalía Especial afirmó que no había violencia de género porque había crimen organizado.
Ese razonamiento reproduce un estereotipo peligroso:
Que la violencia de género solo existe en el ámbito doméstico “puro”, sin narco, sin armas, sin colusión estatal.
Pero la realidad mexicana demuestra lo contrario:
los grupos criminales ejercen violencia patriarcal, sexual y de control sobre las mujeres, y lo hacen con la tolerancia —y a veces participación— de agentes estatales.
6. El incumplimiento del dictamen CEDAW: simulación y retórica
El Estado mexicano publicó el dictamen en el Diario Oficial, pero:
- Ivette sigue desaparecida.
- No hay sanciones contra los responsables.
- No hay reformas legales que integren perspectiva de género en delitos de delincuencia organizada.
- No hay capacitación estructural para ministerios públicos y policías.
- No hay reparación integral.
La CEDAW ordenó una investigación diligente y con perspectiva de género.
El Estado respondió con acciones fragmentadas, tardías y sin resultados.
La disculpa pública de 2025 —aunque simbólicamente relevante— llega 12 años tarde y sin cambios estructurales.
7. Conclusión política: Ivette Melissa como símbolo de la deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres
El caso de Ivette Melissa revela:
- un Estado que no protege,
- un sistema de justicia que no investiga,
- instituciones que no coordinan,
- y una estructura patriarcal que normaliza la desaparición de mujeres.
La desaparición de Ivette no es un accidente:
es el resultado de un sistema que permite que policías ministeriales actúen como perpetradores, que fiscalías nieguen la violencia de género, y que la impunidad sea la regla.
El dictamen CEDAW es un llamado internacional contundente:
México debe transformar su política criminal, su política de género y su política de seguridad para que ninguna mujer desaparezca sin que el Estado mueva cielo, mar y tierra para encontrarla.
Mientras eso no ocurra, Ivette Melissa seguirá siendo un símbolo doloroso de la deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres y con las familias que las buscan.
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