La estrategia del Estado: negar, negar, negar
El cierre de 2025 dejó claro, una vez más, que el Estado mexicano sigue acumulando condenas internacionales como si fueran daños colaterales de una política de seguridad que se niega a revisar. Dos nuevas sentencias de la Corte Interamericana —ambas por violencia sexual y desaparición de mujeres— se suman a un historial que ya alcanza dieciséis fallos. Dieciséis. Y aun así, el discurso oficial insiste en que no hay crisis, no hay patrón, no hay responsabilidad estructural.
En este contexto, el caso Ascencio Rosario y otros vs. México no es solo una sentencia más: es un espejo incómodo que exhibe la contradicción central de la política de seguridad mexicana. La Corte IDH no solo condena al Estado por la violencia sexual cometida contra Ernestina Ascencio, mujer indígena naua de 73 años; también desmonta la narrativa gubernamental que pretende presentar la militarización como una solución técnica, inevitable y neutral.
La sentencia es contundente: la militarización de la seguridad pública en México no es excepcional, no es temporal y no es compatible con los estándares interamericanos. Y lo más relevante: la Corte reconoce explícitamente la correlación entre la expansión militar y la comisión de violaciones graves a derechos humanos.
Esto no es un matiz jurídico. Es una afirmación política de enorme peso. La Corte está diciendo lo que el Estado mexicano ha evitado admitir durante casi dos décadas: la militarización produce violaciones de derechos humanos.
El voto concurrente: un diagnóstico político disfrazado de análisis jurídico
El voto del juez Mudrovitsch es, en términos políticos, un golpe directo a la narrativa oficial. Bajo los parámetros interamericanos, la Guardia Nacional no solo incumple los criterios de excepcionalidad, subordinación civil, regulación y fiscalización: los contradice abiertamente.
- La GN es permanente, no excepcional.
- Está bajo mando militar, no civil.
- Investiga delitos, facultad que la jurisprudencia interamericana prohíbe a fuerzas castrenses.
- Opera bajo fuero y disciplina militar, sin controles civiles efectivos.
El juez lo dice sin ambigüedades: la reforma constitucional de 2024 propicia la repetición de violaciones de derechos humanos.
En términos políticos, esto equivale a afirmar que el Estado mexicano diseñó una institución que, por su propia naturaleza, reproduce las condiciones que generan violaciones graves. No es un problema de implementación. Es un problema de diseño constitucional.
La estrategia del Estado: negar, negar, negar
Lo más revelador es que, mientras la Corte documentaba este proceso, el Estado mexicano sostenía ante organismos internacionales que:
- La Guardia Nacional no investiga delitos.
- No existe militarización de la seguridad pública.
- El despliegue militar cumple con los estándares interamericanos.
Es decir, el Estado no solo militarizó la seguridad: intentó construir una narrativa internacional para legitimar esa decisión, incluso cuando los hechos y la jurisprudencia apuntaban en la dirección contraria.
Este contraste no es técnico: es político. Y habla de un Estado que busca administrar su imagen internacional mientras profundiza un modelo de seguridad que ya ha demostrado ser incompatible con los derechos humanos.
Un precedente que reconfigura el tablero
Aunque el voto concurrente no es vinculante, su impacto político es innegable. Es el primer examen jurisdiccional de la reforma de la Guardia Nacional bajo los estándares interamericanos más altos. Y abre una discusión que el Estado mexicano ya no podrá evitar: la compatibilidad de su política de seguridad con el derecho internacional.
Con múltiples casos pendientes ante el Sistema Interamericano, este análisis será retomado una y otra vez. La Corte ya colocó el tema en el centro del debate: la militarización no es un accidente, es una política pública con consecuencias previsibles.
México frente a su propia narrativa
En un momento global en el que los Estados cuestionan el régimen internacional de derechos humanos mientras exigen su aplicación a otros, la postura de México será observada con especial atención.
Cumplir formalmente las sentencias ya no basta. Lo que está en juego es si México está dispuesto a reconocer que su política de seguridad contradice los estándares que dice defender en foros multilaterales.
La sentencia Ascencio Rosario y el voto concurrente no solo interpelan al Estado: lo confrontan. Y lo hacen en el punto más sensible de su arquitectura institucional: la decisión de normalizar la presencia militar en tareas de seguridad pública.
El mensaje es claro: la militarización no es sostenible ni jurídica ni políticamente. Y el Estado mexicano ya no puede seguir pretendiendo que lo es.
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