El Estado mexicano ante la violencia feminicida: dos sentencias, un mismo patrón de omisiones

I. Introducción: cuando las sentencias internacionales exhiben lo que México se niega a ver

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Campo Algodonero (2009) y en el caso Lilia Alejandra García Andrade (2023) constituyen dos momentos históricos que, lejos de marcar un antes y un después, revelan la persistencia de un mismo patrón estructural: la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado mexicano para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.

La evidencia estadística reciente confirma esta continuidad del abandono: México cerró 2024 con 797 feminicidios, la cifra más baja en siete años, pero aún insuficiente para hablar de una reducción estructural, especialmente cuando se registraron 2,598 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo, lo que revela que la clasificación penal sigue siendo restrictiva y opaca. Chihuahua, uno de los epicentros históricos de la violencia feminicida, registró 2.35 feminicidios por cada 100 mil habitantes, colocándose entre las tasas más altas del país. 

En paralelo, la crisis de desapariciones continúa escalando: 132,534 personas permanecen desaparecidas en México, según cifras oficiales de 2026, y colectivos denuncian que la cifra real podría superar las 300 mil debido a la “rasura” de registros. 

II. Campo Algodonero: la sentencia que el Estado convirtió en un ritual vacío

En Campo Algodonero, la Corte IDH determinó que México conocía el contexto de violencia feminicida en Ciudad Juárez y aun así falló en prevenir las desapariciones y asesinatos de mujeres. La sentencia subrayó:

- Falta de diligencia en las primeras horas de desaparición.  

- Investigaciones plagadas de estereotipos de género.  

- Desprecio institucional hacia las familias.  

- Ausencia de protocolos eficaces y personal capacitado.  

Quince años después, los datos muestran que la violencia no solo persiste, sino que se ha diversificado: Chihuahua es la segunda entidad con mayor proporción de violencia física atendida en Centros de Justicia para las Mujeres (36.3%), solo detrás de Tlaxcala. 

La sentencia se convirtió en un memorial simbólico, pero no en una transformación institucional.

III. El caso Lilia Alejandra García Andrade: la repetición como política de Estado

La sentencia del caso Lilia Alejandra García Andrade confirma que nada cambió. La Corte documentó negligencia, retrasos injustificados, pérdida de evidencia y trato revictimizante.  

La repetición de estos patrones se refleja en las cifras actuales: en 2024, los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron 638,720 mujeres, un aumento del 6.7% respecto a 2023, lo que indica que la violencia no disminuye, sino que se intensifica. 

Además, el 47.9% de los incidentes reportados no especifican el tipo de violencia, lo que evidencia fallas graves en el registro, documentación y seguimiento institucional. 

IV. Las instituciones responsables: entre la simulación y la indiferencia

1. Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua

Las sentencias exhiben a la Fiscalía como un aparato incapaz de investigar con rigor. Las cifras recientes lo confirman:

- En 2024, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres abrió 13,320 carpetas por delitos de género, incluyendo feminicidio, violencia familiar y delitos sexuales.  

- Solo 3,372 carpetas fueron judicializadas y 591 resultaron en sentencias condenatorias, una proporción mínima frente al volumen de denuncias. 

La impunidad no es un accidente: es un sistema operativo.

2. Comisión Nacional de Búsqueda

La CNB administra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hoy contabiliza 394,645 desapariciones históricas, de las cuales 132,534 siguen sin resolverse. 

La ONU ha advertido que México concentra 819 acciones urgentes por desaparición forzada, el número más alto del mundo. 

La crisis forense es igualmente alarmante: más de 52,000 cuerpos sin identificar permanecen en servicios forenses y fosas comunes. 

3. Secretaría de las Mujeres y otras instancias de género

Las políticas públicas derivadas de las sentencias han sido superficiales y sin impacto real. En 2024:

- La violencia psicológica representó 18.2% de los incidentes atendidos.  

- La violencia física, 14.2%.  

- La violencia sexual, 5.6%.  

- La violencia económica, 4.9%. 

La falta de presupuesto, capacitación y mecanismos de evaluación convierte la “perspectiva de género” en un eslogan vacío.

V. Un Estado sin ideología cuando se trata de omitir: la continuidad del abandono

La violencia feminicida y las desapariciones atraviesan gobiernos de todos los colores. Ninguna administración —federal o estatal— ha mostrado la voluntad política necesaria para cumplir plenamente con las sentencias de la Corte IDH.

Los datos lo confirman:  

- 40 casos diarios de desaparición siguen ocurriendo en el país.  

- Más de 4,500 fosas clandestinas han sido documentadas por organismos internacionales. 

La ideología no ha cambiado la estructura patriarcal, militarizada y negligente del Estado mexicano.

VI. Conclusión: dos sentencias, un mismo reclamo

Las sentencias de Campo Algodonero y Lilia Alejandra García Andrade no solo documentan violaciones graves a los derechos humanos: exponen la incapacidad del Estado mexicano para aprender, corregir y transformar.

Las cifras recientes muestran que:

- La violencia feminicida persiste.  

- Las desapariciones aumentan.  

- La impunidad se mantiene.  

- Las instituciones siguen fallando.  

Mientras las políticas públicas sigan siendo simulaciones, mientras las familias sigan haciendo el trabajo del Estado, y mientras la perspectiva de género siga siendo un discurso sin práctica, México seguirá acumulando sentencias internacionales… y víctimas.

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