Crímenes de lesa humanidad, egos de lesa crítica: el Estado mexicano frente a sus desaparecidos
1. Punto de partida: cuando la ONU habla de lesa humanidad y el Estado responde “tendencioso”
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluye que en México existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, por la magnitud, el patrón y el carácter generalizado o sistemático de los ataques contra la población civil. Más de 4500 fosas clandestinas, más de 6200 cadáveres, 4600 restos humanos y alrededor de 72,000 restos no identificados: una geografía de muerte que no se puede maquillar con boletines ni conferencias matutinas.
La respuesta del Estado mexicano, vía SRE y SEGOB, es casi de manual: el informe es “tendencioso”, “parcial”, “sesgado”, no refleja los “avances institucionales” desde 2019 y, sobre todo, “no corresponde a la realidad del México actual”.
La prioridad no es la verdad, ni las víctimas, ni las madres que buscan en fosas con sus propias manos: la prioridad es la imagen del Estado. El agravio no es la desaparición de personas; el agravio, para el gobierno, es que alguien se atreva a nombrarla como lo que es.
2. El truco retórico: culpar al pasado, exonerar al presente
El comunicado oficial insiste en que el informe se centra en hechos de 2009 a 2017, es decir, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y que no refleja las “transformaciones estructurales” del actual sexenio.
La maniobra es transparente: convertir la tragedia en un problema de administración anterior, como si las fosas tuvieran fecha de caducidad sexenal y como si las desapariciones se detuvieran por decreto presidencial.
Pero el propio Comité subraya que las desapariciones continúan, que las autoridades están desbordadas y que no hay mejora sustancial en la situación, pese a las medidas adoptadas.
La narrativa oficial se aferra a una distinción técnica: “no hay política federal para cometer desapariciones de manera generalizada o sistemática”.
Como si la ausencia de un memorándum firmado desde Palacio Nacional borrara la responsabilidad por omisión, aquiescencia, colusión y negligencia estructural.
En términos de derechos humanos, esto es clave: no basta con no ordenar el crimen; también se viola cuando se tolera, se encubre o se abandona a las víctimas. El Estado mexicano se aferra a una lectura minimalista de su responsabilidad, mientras el Comité habla de patrones, magnitud y ataques contra la población civil.
3. Feminismo, desapariciones y la ceguera patriarcal del Estado
La crisis de desapariciones en México tiene un rostro muy claro: mujeres que buscan, Estado que administra el desgaste. La imagen de miles de madres, hermanas, hijas rastreando fosas clandestinas es ya un símbolo global de la descomposición mexicana.
Desde una perspectiva feminista de derechos humanos, la respuesta del Estado es doblemente violenta:
- Violencia por omisión: no garantiza verdad, justicia ni reparación. La ONU ha señalado la persistencia de impunidad en crímenes contra defensoras de derechos humanos y la falta crónica de justicia frente a más de 100,000 personas desaparecidas.
- Violencia discursiva: descalifica el informe como “tendencioso” y “parcial”, en lugar de asumir la crítica como un insumo para transformar estructuras patriarcales de seguridad y justicia.
El Estado se presenta como aliado de las familias, pero en la práctica les delega la búsqueda, la investigación y la memoria. Las mujeres organizadas sostienen brigadas, registros, mapas de fosas, redes de apoyo; el gobierno sostiene comunicados, conferencias y promesas. La asimetría es brutal: mientras ellas arriesgan la vida, el Estado arriesga, a lo mucho, su reputación internacional.
Un enfoque feminista exigiría:
- Reconocer la dimensión de género de la desaparición, incluyendo desapariciones de mujeres, niñas y personas trans, muchas veces vinculadas a violencia sexual, trata y crimen organizado.
- Garantizar protección efectiva a defensoras y colectivos, no sólo inscribirlas en mecanismos formales que, como ha señalado la ONU, no han evitado ataques brutales contra activistas.
- Escuchar y co-diseñar políticas con las familias, no usarlas como foto de acompañamiento mientras se descalifica a los organismos internacionales que amplifican sus denuncias.
Nada de eso aparece en la respuesta oficial. Lo que sí aparece es una defensa del prestigio estatal, no de la vida.
4. Desapariciones, cuerpos disidentes y la invisibilidad LGBT+
La crisis de desapariciones en México también atraviesa a la comunidad LGBT+, especialmente a personas trans, trabajadoras sexuales, jóvenes expulsados de sus hogares, migrantes queer. Sin embargo, la respuesta del Estado carece de cualquier mención a orientación sexual, identidad o expresión de género.
Desde una perspectiva de derechos humanos con enfoque LGBT+, la omisión es elocuente:
- No hay reconocimiento de patrones específicos de violencia contra personas LGBT+, pese a que organizaciones de la sociedad civil han documentado asesinatos, desapariciones y ataques motivados por prejuicio.
- No hay compromiso explícito con registros diferenciados, que permitan saber cuántas personas desaparecidas pertenecen a la comunidad LGBT+, cuántas eran personas trans, cuántas enfrentaban violencia familiar o comunitaria por su identidad.
- No hay diálogo visible con colectivos LGBT+ que acompañan casos de desaparición, ni en el discurso oficial ni en la defensa frente a la ONU.
El Estado mexicano se presenta como progresista en foros internacionales cuando se trata de discursos sobre diversidad, pero en la práctica, la desaparición de cuerpos disidentes se diluye en estadísticas neutras, sin enfoque, sin nombre, sin rostro. La neutralidad estadística es otra forma de violencia: borra las condiciones específicas que ponen en riesgo a ciertas poblaciones.
5. El fetiche de las “transformaciones estructurales”: reformas sin justicia
En su defensa, el gobierno enumera reformas legales, creación de alertas de búsqueda, fortalecimiento de comisiones y bases de datos nacionales.
El problema no es que esas medidas no existan; el problema es que se usan como escudo político, no como punto de partida para una autocrítica real.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las preguntas incómodas son:
- Si hay tantas reformas, ¿por qué la ONU sigue hablando de magnitud, patrones y posible lesa humanidad?
- Si el Estado está tan comprometido, ¿por qué las familias siguen encabezando las búsquedas, financiando de su bolsillo traslados, herramientas, peritajes independientes?
- Si la transformación es tan profunda, ¿por qué la impunidad sigue siendo la regla, y las sentencias por desaparición son la excepción?
El discurso oficial se aferra a la idea de que el procedimiento de la Convención fue diseñado para contextos donde el Estado comete desapariciones de forma sistemática y se niega a cooperar, y que “eso no corresponde al México actual”.
Pero la cooperación no se mide por el número de reuniones o comunicados, sino por resultados concretos: personas encontradas, responsables sancionados, estructuras desmanteladas.
Mientras tanto, el Comité pide más apoyo técnico, financiero y especializado para búsqueda, análisis forense e investigación de vínculos entre funcionarios y crimen organizado.
Es decir: la comunidad internacional ve un Estado rebasado, no un Estado ejemplar.
6. La defensa del Estado como acto de autoabsolución
Hay un hilo común en la respuesta de SRE y SEGOB: la obsesión por desmarcarse de la palabra “crímenes de lesa humanidad”.
Se insiste en que no hay política federal para cometer desapariciones, se cuestiona el rigor jurídico del Comité, se sugieren conflictos de interés entre sus integrantes. El mensaje es claro: si alguien se atreve a nombrar la magnitud del horror, el problema es quien nombra, no el horror mismo.
Desde una perspectiva feminista, de derechos humanos y LGBT+, esto es profundamente revelador:
- El Estado se coloca como víctima de un diagnóstico “injusto”, mientras las verdaderas víctimas siguen buscando huesos en fosas clandestinas.
- La energía política se invierte en defender la imagen del gobierno, no en desmontar las estructuras patriarcales, militarizadas y heteronormativas que sostienen la violencia.
- La crítica internacional se trata como afrenta, no como oportunidad para reorientar políticas, escuchar a las familias y reconocer la dimensión de género y diversidad sexual de la crisis.
La autoabsolución es incompatible con la justicia. Un Estado que se niega a verse al espejo no puede garantizar verdad ni reparación.
7. Conclusión: entre la razón de Estado y el derecho a existir
El informe del Comité de la ONU no es perfecto, pero pone sobre la mesa lo que el Estado mexicano intenta relativizar: la posibilidad de que estemos frente a crímenes de lesa humanidad.
La respuesta oficial, en cambio, revela una prioridad: proteger la narrativa de “transformación” por encima del reconocimiento pleno de la tragedia.
Desde una mirada feminista, de derechos humanos y de la comunidad LGBT+, el conflicto no es técnico ni diplomático: es existencial. Se trata de quién tiene derecho a ser llorado, buscado, nombrado; de quién merece estadísticas diferenciadas, políticas específicas, protección real. Se trata de si el Estado está dispuesto a dejar de hablar de sí mismo como héroe reformista y empezar a reconocerse como parte del problema.
Mientras el gobierno se indigna por un informe “tendencioso”, las madres siguen cavando, las defensoras siguen siendo atacadas, las personas LGBT+ siguen desapareciendo en silencio estadístico, y las fosas siguen multiplicándose. En ese contexto, la verdadera pregunta no es si el informe es parcial, sino:
¿cuánta muerte más necesita el Estado mexicano para dejar de defenderse y empezar, de verdad, a responder?
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